
El 30 de octubre de 2007, el Gobierno español aprobó una ley por la que todas las empresas que envíen o reciban facturas de la Administración Pública deberían hacerlo a través de la llamada factura electrónica, efactura o factura digital.
Se cumple el plazo para la implantación de las tecnologías que hacen posible esta práctica y se espera que, muy pronto, se ponga en marcha una nueva normativa que se extienda a todas las empresas.
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